El Tribunal
Constitucional de Portugal consideró ilegal la ley que facilita
la salida de funcionarios por violar la garantía del empleo y el
principio de
confianza y fuerza así al Gobierno a buscar otra alternativa de ahorro
para
reducir el peso de los funcionarios, como pide la troika.
La norma había sido
aprobada por el Parlamento a finales de julio. Este es el segundo revés
del Constitucional portugués este año ya que en abril había considerado
ilegales algunas medidas, entre las que se encontraban bajada de sueldo a
los funcionarios y a los pensionistas.